Fascismo, alimentos y libertad de expresión

Luis Larraín

¿Qué tienen que ver entre sí estos tres conceptos? Mucho. La ley de etiquetado de alimentos aprobada hace poco en Chile fue patrocinada por un grupo de fundamentalistas encabezado por el senador Guido Girardi, que quieren imponer a los demás los alimentos que pueden ingerir. En Inglaterra son denominados los fascistas de la comida, pues son irreductibles en su intento por imponer sus cánones estéticos y alimentarios a toda la población.

La ley, conocida en su tiempo como “ley del Super Ocho”, prohíbe la venta de dulces en los colegios. Tampoco permite vender sándwiches, hamburguesas, bebidas gaseosas y otros alimentos considerados “chatarra”, de modo que en los colegios los niños sólo podrán comprar unas matitas de apio y frutas. Ello ha desatado un incipiente mercado negro entre los niños, que llevan golosinas al colegio y las venden a sus compañeros, lo que al menos tiene el mérito de fomentar el emprendimiento, aunque no logrará que la alimentación de los niños sea más sana.

La falla conceptual de la ley es que en lugar de educar e incentivar los buenos hábitos alimenticios prohíbe consumir ciertos alimentos en determinados lugares y castiga el consumo de otros con un pretendido descrédito social, sin lograrlo como veremos más adelante.

Girardi ha reaccionado duramente a una campaña de prensa de la organización gremial que agrupa a productores de alimentos, denominada “Hagámoslo bien” porque hacen ver los errores que contiene la ley. El senador ha hecho graves acusaciones diciendo que la campaña la patrocinan quienes han estado envenenando a nuestros niños por años, mencionando luego a varias empresas productoras de alimentos. A sus críticas se ha sumado el Ministerio de Salud que señala que las críticas no corresponden para una ley tan importante en el país, y los artistas que osaron participar en esta campaña ya han sufrido el bullying de sus colegas “progres”. Alguno ha manifestado ya su arrepentimiento, en una confesión a lo Padilla.

Es que el fascista no sólo pretende obligar a la gente a comer lo que él quiere, a pensar como él, sino que además pretende que le obedezcan sin chistar. Por eso les ha indignado esta campaña que no hace otra cosa que poner en evidencia algunas de las aberraciones de la ley.

Entre estas aberraciones está el que la medición para determinar si un producto debe llevar el disco “alto en”, se hace en relación a una medida de 100 gramos, en circunstancias que en muchos alimentos es impensado consumir de una vez 100 gramos (margarina por ejemplo). Los productores de alimentos piden que la medición se haga en relación a la porción que habitualmente se consume, lo que parece del todo razonable. La medición adoptada transforma el etiquetado en algo absolutamente irrelevante porque prácticamente todos los alimentos quedan etiquetados como “alto en” sodio, azúcares o grasas, lo que no permite discriminar entre aquellos que tienen mucha o poca azúcar, por ejemplo. Esta observación, que fue profusamente representada durante la tramitación de la ley, fue desechada por los fascistas de la comida, lo que parece bastante inexplicable a primera vista. La razón es que, como lo expresó en su oportunidad Girardi, ellos querían una ley que estuviera entre las más exigentes del mundo.

La falla conceptual básica que anima a los fascistas de la comida es que no es sostenible una alimentación saludable si la persona no tiene hábitos alimenticios sanos. Esos hábitos, en una sociedad libre, se forman a partir de la convicción, la responsabilidad y el esfuerzo de cada persona, lo que se forja fundamentalmente en la familia. Reemplazar esa convicción por un estado policial que persigue a los consumidores no es una solución de largo plazo. Es más, lesiona los incentivos para que las familias cuiden la alimentación de sus hijos, pues ahora muchas de éstas entenderán que sale de su ámbito de responsabilidad la alimentación sana y equilibrada de los niños, cuestión que ahora es una tarea del Estado.

Como le gustaba decir a Mussolini: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado”.